Mes: marzo 2017

A cuenta del problema surgido con los estibadores portuarios nos vamos enterando de que no todos estamos en las mismas condiciones a la hora de cumplir con las normas comunitarias.

Así, una infraestructura pública como son los puertos y su actividad de tráfico de mercancías, de enorme importancia y repercusión en la economía de nuestro país, al parecer está controlada por el sindicato de estos trabajadores y muy lejos de los criterios de libertad de acceso a esos puestos de trabajo para todos los ciudadanos, asegurándose así unos puestos de trabajo y unas remuneraciones que parecen de ciencia ficción en estos tiempos de crisis.

Yo soy arquitecto y hace años que si el ayuntamiento de mi ciudad quiere llevar a cabo una obra, tiene que convocar un concurso y abrir la participación a todos los arquitectos europeos y si establece cualquier clausula o requisito que pueda primar o favorecer a alguien, le anulan el concurso e incluso le pueden imponer sanciones y lo mismo para todas las administraciones en Europa.

Que decir del personal sanitario y de cualquier funcionario en general, que se ve sometido a las mismas reglas a la hora de concurrir a una plaza y ni siquiera prima la residencia en la localidad o  su nacionalidad.

Pues bien, no me sorprende que estos trabajadores traten de defender y mantener mientras puedan esa situación y condiciones privilegiadas de las que disfrutan, pero me parece increíble que algunos partidos, que se supone responsables, permitan que eso siga siendo así, y rechacen la aprobación de leyes por el hecho de que no están acordadas con los interesados, que se cierran en banda a admitir los cambios y eso sin tener en cuenta la discriminación a la mujer, que al parecer tiene vetado el acceso a esos puestos.

No recuerdo que nuestros queridos políticos muestren el mismo interés y ánimo de negociación a la hora de aprobar cualquier ley,  y suelen justificarlo en que los que les eligieron les otorgaron su confianza, y si no les gusta lo que hacen, que no les voten en las próximas elecciones. ¿De verdad piensan que los ciudadanos estamos de acuerdo ó les hemos votado para que actúen así?

¿Se imaginan que fuesen los colegios profesionales los que decidiesen que profesionales pueden entrar al servicio de la administración y quien no e incluso estableciesen prioridades por parentesco u otras fórmulas discriminatorias o excluyentes? ¿Se lo imaginan también en los sindicatos? Pues eso parece ser precisamente lo que está sucediendo en el caso de la estiba, y en el Congreso, la mayoría de nuestros representantes, parecen no estar preocupados por ello y supeditan la corrección de esta barbaridad a que los afectados se muestren de acuerdo.

¡¡Ah!! Y mientras tanto, además del incremento de precios que ello pueda estar suponiendo por la falta de competencia y libertad de mercado, nos supone una multa de unos cinco millones de euros mensuales, que también pagamos los ciudadanos.

Por cierto, de ofrecer prejubilaciones a los 50 años con sueldos de “ministro en activo”, nada de nada. No se puede admitir que nos hablen todos los días de la inviabilidad de nuestro sistema de pensiones, con pensiones medias de 800 a 1000 euros, y después pretendan adoptar ese tipo de medidas.

¡¡Ya está bien!! La misma legalidad y el mismo rasero para todos.

 

José Antonio Virto

                                                             TERUEL.

Ya resultaba complicado el desenvolverse en este país con diferentes normativas en función de la comunidad autónoma a donde vayas, pero la cosa amenaza con complicarse mucho más todavía.

En estos últimos días, primero la alcaldesa de Barcelona y después la de Madrid, han anunciado que a la vuelta de unos pocos años no podrán circular por sus ciudades determinados automóviles, en función del tipo de combustible que utilicen y de su año de matriculación, justificando la medida en la necesidad de reducir la contaminación.

El objetivo parece loable pero el procedimiento, al menos en mi opinión, no lo es tanto.

No sé si el alcalde de una ciudad tiene atribuidas esas prerrogativas de decidir de esta forma que vehículos pueden circular por su término municipal y cuáles no, pero si es así, circular por España puede convertirse en una misión imposible, puesto que no hay un solo metro de superficie de este país que no pertenezca a un municipio y en consecuencia, cada uno podría estar sometido a una regulación diferente.

Si no están facultadas para ello, la administración del estado e incluso las autoridades europeas deberían hacer algo y pronto, porque los ciudadanos ya no podemos estar más desconcertados.

¿No deberían regularse de forma única todos estos aspectos? De seguir así la cosa, a los navegadores habrá que introducirles unas variables más, con el tipo de vehículo y año de matriculación, y el cálculo de la ruta deberá tener en cuenta por qué municipios puede circular y por cuales no, y a lo mejor nos encontramos con la sorpresa de que no es posible desplazarse de un punto a otro sin infringir en algún tramo su normativa propia.

Siguiendo en la ciudad de Madrid, el otro día me enteré de que para todas esas medidas restrictivas de la circulación por contaminación es necesario que, al menos dos de las estaciones de medición de una zona, den aviso de alerta por superar los niveles establecidos.

Esto parece ser la letra de lo aprobado, pero resulta que en algunas ocasiones, con la sola alerta de una de estas estaciones, lo que supone un incumplimiento de la normativa, se ponen en marcha las medidas restrictivas y cuando se le pregunta a la responsable municipal, el por qué, se limita a contestar que más vale pecar por exceso que por defecto.

Esta señora no debe tener muy claro el valor de las normas y piensa que, independientemente de lo aprobado, se puede actuar de forma discrecional y arbitraria y  sin pensar que eso es justamente lo que las normas deben evitar.

Lo lógico es que el máximo responsable de la institución, en este caso la alcaldesa, pusiera orden y obligara a los responsables de área a cumplir, máxime cuando se da la circunstancia de que esta persona ha sido juez, pero de no hacerlo así, alguna institución habrá o debería haber para exigir ese orden.

Lo que no puede continuar en ningún caso es la arbitrariedad.

 

José Antonio Virto

                                                                                              TERUEL.

Parece que en Holanda y en toda Europa se va recuperando el aliento después de los resultados de las elecciones holandesas, donde existía el riesgo de que la extrema derecha resultara vencedora de los comicios.

Se ha comentado en los medios de comunicación que la razón de este auge de la extrema derecha es el hartazgo de muchos holandeses con respecto a la política de ayudas y subvenciones a los inmigrantes que, en su opinión, supera lo razonable y da lugar casi ó sin casi, a una discriminación positiva de estos respecto de los propios ciudadanos del país.

Se me antoja que las razones del avance de la extrema derecha en Francia, donde también existe un riesgo claro de que triunfe en las próximas elecciones presidenciales, son muy parecidas y así, aunque en menor medida por el momento, en Alemania, Austria, etc.

También en España, aunque sin auge de la extrema derecha, los ciudadanos se preguntan si las informaciones que de vez en cuando circulan por las redes sociales respecto de esas ayudas y el uso y abuso de las mismas por algunos inmigrantes, con el consentimiento explícito ó implícito de nuestras autoridades e instituciones, es cierto o se trata de un bulo más, destinado a alterar al ciudadano que tiene que sufrir mucho para obtener, cuando lo logra que no es muy frecuente, remuneraciones comparables a las ayudas que figuran en esas informaciones.

El ciudadano se siente totalmente desinformado en este aspecto, desconoce y no tiene fácil el acceder a una información real y completa sobre la política de ayudas y sus cuantías, tanto a nivel estatal, como autonómico y local, pues también en los ayuntamientos existen este tipo de ayudas para compra de comida, etc y que a veces se acumulan con las de ONGs.

Tiene también serias dudas sobre el control de las mismas y su acumulación hasta situar a los beneficiarios en niveles de ingresos que para si quisieran la mayoría, sin que se haga un seguimiento exhaustivo para evitarlo.

De ser ciertas esas informaciones, se preguntan también cuando los partidos defensores de estas ayudas, y autores o coautores de su aprobación, se han dirigido a ellos para preguntarles su opinión al respecto.

Se ha hablado mucho en estos últimos años de la corrupción, y por supuesto hay que cortarla de raíz, pero no nos debemos olvidar de aspectos como este a la hora de acabar con los populismos, el avance de las ideologías extremas y para tratar de recuperar la confianza y colaboración ciudadana y para ello hace falta una información completa, clara y precisa por parte de los responsables a nivel estatal, autonómico y local que termine con los bulos y/o los abusos, si existen, y permita a los ciudadanos manifestar su opinión sobre las mismas y su deseo de mantenerlas, reducirlas o aumentarlas, puesto que al fin y al cabo, son ellos los verdaderos titulares de los fondos públicos que a ello se destinan.

Si queremos seguir manteniendo viva la llama de la solidaridad en los ciudadanos y no fomentar una xenofobia nada deseable, el control, la información y la concienciación de los ciudadanos es algo imprescindible.

 

José Antonio Virto

                                                                                  TERUEL

Parece que en Holanda y en toda Europa se va recuperando el aliento después de los resultados de las elecciones holandesas, donde existía el riesgo de que la extrema derecha resultara vencedora de los comicios.

Se ha comentado en los medios de comunicación que la razón de este auge de la extrema derecha es el hartazgo de muchos holandeses con respecto a la política de ayudas y subvenciones a los inmigrantes que, en su opinión, supera lo razonable y da lugar casi ó sin casi, a una discriminación positiva de estos respecto de los propios ciudadanos del país.

Se me antoja que las razones del avance de la extrema derecha en Francia, donde también existe un riesgo claro de que triunfe en las próximas elecciones presidenciales, son muy parecidas y así, aunque en menor medida por el momento, en Alemania, Austria, etc.

También en España, aunque sin auge de la extrema derecha, los ciudadanos se preguntan si las informaciones que de vez en cuando circulan por las redes sociales respecto de esas ayudas y el uso y abuso de las mismas por algunos inmigrantes, con el consentimiento explícito ó implícito de nuestras autoridades e instituciones, es cierto o se trata de un bulo más, destinado a alterar al ciudadano que tiene que sufrir mucho para obtener, cuando lo logra que no es muy frecuente, remuneraciones comparables a las ayudas que figuran en esas informaciones.

El ciudadano se siente totalmente desinformado en este aspecto, desconoce y no tiene fácil el acceder a una información real y completa sobre la política de ayudas y sus cuantías, tanto a nivel estatal, como autonómico y local, pues también en los ayuntamientos existen este tipo de ayudas para compra de comida, etc y que a veces se acumulan con las de ONGs.

Tiene también serias dudas sobre el control de las mismas y su acumulación hasta situar a los beneficiarios en niveles de ingresos que para si quisieran la mayoría, sin que se haga un seguimiento exhaustivo para evitarlo.

De ser ciertas esas informaciones, se preguntan también cuando los partidos defensores de estas ayudas, y autores o coautores de su aprobación, se han dirigido a ellos para preguntarles su opinión al respecto.

Se ha hablado mucho en estos últimos años de la corrupción, y por supuesto hay que cortarla de raíz, pero no nos debemos olvidar de aspectos como este a la hora de acabar con los populismos, el avance de las ideologías extremas y para tratar de recuperar la confianza y colaboración ciudadana y para ello hace falta una información completa, clara y precisa por parte de los responsables a nivel estatal, autonómico y local que termine con los bulos y/o los abusos, si existen, y permita a los ciudadanos manifestar su opinión sobre las mismas y su deseo de mantenerlas, reducirlas o aumentarlas, puesto que al fin y al cabo, son ellos los verdaderos titulares de los fondos públicos que a ello se destinan.

Si queremos seguir manteniendo viva la llama de la solidaridad en los ciudadanos y no fomentar una xenofobia nada deseable, el control, la información y la concienciación de los ciudadanos es algo imprescindible.

 

José Antonio Virto

                                                                                  TERUEL

Oí una vez responder a un escritor sobre la fidelidad: “Yo amar, lo que se dice amar, solo amo a una persona, pero enamorarme me enamoro muchas veces todos los días”

Si tenemos en cuenta que la expresión “enamorarse ó estar enamorado” se puede referir a todo aquello que nos gusta, como un paisaje, un pueblo, una canción, una obra de arte, un animal y por supuesto una persona, quizá el truco sea ese, buscar aquello que es hermoso y enamorarnos de ello. Sin límite de cantidad y tratar de disfrutar de esa belleza, material ó espiritual, todo lo que podamos.

Quien sabe si además, eso bello que encontramos en cada persona, no será el extremo del hilo que al tirar de él, saca a la luz otras muchas virtudes que no apreciábamos a primera vista.

Parece que al fin Podemos en Aragón está dispuesto a desbloquear los presupuestos, aunque para ello le fija condiciones al PSOE del Sr. Lambán y es precisamente a una de esas condiciones a las que quiero referirme.

Al parecer exige al Gobierno Autónomo que se eliminen 28 aulas de primaria de los colegios concertados, cuestión que no le preocupa mucho al PSOE que se ha marcado hace tiempo estos objetivos. Nuevamente muestran sus cartas respecto de la enseñanza y su intención de ir eliminando cualquier educación que no sea impartida en colegios públicos, convirtiendo así la educación en un instrumento político.

De las consecuencias de una educación “dirigida” políticamente ya tenemos suficiente experiencia en Cataluña y País Vasco, y ello debería ser suficiente para el rechazo ciudadano a esas estrategias, pero no es solo eso lo que debería motivar el rechazo.

Los centros concertados solo pueden tener aulas subvencionadas si existe un número suficiente de solicitudes de alumnos y ese debería ser el criterio para mantener, suprimir e incluso aumentar el número de esas aulas, ese y un estudio riguroso sobre la calidad de educación que imparten, máxime cuando el coste de esa enseñanza para el estado es el 50% de lo que nos cuesta en los colegios públicos.

Se están construyendo nuevos centros públicos de enseñanza, en sitios donde la oferta de plazas ya es suficiente, pero con la intención de justificar la retirada de conciertos, con el gasto de un dinero que necesitamos para otras cosas.

Pero eso no importa, como decía una edil socialista hace unos años ¿Será por dinero?