Mes: diciembre 2017

Todavía estamos en medio del “temporal independentista” con el recuerdo fresco de todas las desobediencias e incumplimientos de las resoluciones judiciales por parte de los gobernantes de una comunidad autónoma y las situaciones que estos hechos han provocado, con la debilidad que supone para las instituciones la falta de una intervención decidida tendente a atajarlos de forma rápida y reforzar la legalidad, cuando desde otras comunidades autónomas se llevan a cabo actuaciones que, aunque sin esa aparente gravedad, suponen una nueva carga de profundidad para nuestras instituciones y el poder que representan.

Hace dos días conocimos la sentencia del Tribunal Constitucional que revocaba la resolución de la Junta de Andalucía que establecía una jornada de 35 horas semanales para los funcionarios de esa comunidad, sin entrar ahora en lo que esas medidas por parte de las administraciones suponen de discriminación al resto de trabajadores.

Pues bien, el mismo día de la publicación de esa sentencia ya se anunció por parte de los gobernantes andaluces la “desobediencia e incumplimiento” de dicha sentencia aunque disfrazada de legalidad.

Por parte de dichos gobernantes se anunció que se iban a mantener las 35 horas como “jornada presencial” dejando el resto de horas a las que les obliga la resolución, como horas de “formación” a realizar en el propio domicilio.

Vamos, que si eso no es hacerle la pedorreta a las instancias judiciales, y por qué no decirlo, a resto de ciudadanos, que me expliquen lo que es.

Pues bien, este no es más que uno de los casos recientes. Ayer conocimos otra resolución del mismo tribunal que anula una resolución de la Comunidad Valenciana en la que se “garantizaba la asistencia sanitaria completa” a todos los inmigrantes aunque careciesen de “papeles” y por tanto, residieran en este país de forma ilegal, ya que esto supone invadir competencias del estado.

Pues también en este caso, la intención de acatar la resolución por parte de los gobernantes es nula. Estos se ha apresurado a afirmar que, a pesar de todo, van a seguir garantizando dicha asistencia sanitaria.

Puede que para muchos, estos hechos carezcan de relevancia, pero yo por el contrario considero que son muy graves y contribuyen de forma importantísima a poner en cuestión la obligación que todos tenemos, ciudadanos y gobernantes, estos últimos con mayor motivo, de cumplir las leyes y acatar las resoluciones judiciales.

No pueden seguir permitiéndose estas actuaciones por mucho que sus responsables de escuden detrás de “cargos electos” o de las instituciones. Son ciudadanos, al fin y al cabo, y deben responder de ellas, y a título personal, por iniciativa de los tribunales o por la denuncia expresa ante estos de las autoridades del Estado.

Y sino, ¿para qué están si desatienden esta función fundamental de salvaguarda de la legalidad?

 

 

José Antonio Virto

                                                                                  TERUEL.

Cuando se quitaban banderas de España de los ayuntamientos en Cataluña, muchos políticos, de todos los partidos, afirmaban “no es importante; es un hecho aislado y no hay que dramatizar”. Lo mismo se decía cuando alguien protestaba de que se le hubiese denunciado por rotular en castellano o no hacerlo en catalán, o cuando se incumplían sentencias que según los independentistas se oponían al derecho a la autodeterminación o a la mal entendida libertad de expresión y así un largo etc.

A lo largo de los últimos meses hemos podido comprobar que si que importa, que el consentir que se produzcan hechos que van en contra de la legalidad establecida con total permisividad acaba conduciendo a una sensación de impunidad y de prepotencia por parte de los delincuentes, que nos lleva a una quiebra de esa legalidad y lo que es peor, a una quiebra de la convivencia que no va a sr fácil restaurar.

Pues a pesar de todo, muchos políticos, bien por ignorancia o incompetencia, bien por intereses inconfesables o por cualquier otra causa, parece estar dispuestos a seguir volviendo la cabeza y mirar a otro lado cuando hechos similares se vuelven a producir avalados por algunos de sus dirigentes.

Ayer se conoció que en ayuntamiento de Gerona, con el apoyo de los partidos independentistas y del ¡¡¡ PSC!!!, han aprobado cambiar el nombre de una plaza de la localidad que hasta ahora se denominaba como plaza de la Constitución por el de plaza del 1-O, en un nuevo desafío a la legalidad y al ordenamiento constitucional.

Los dirigentes del PSC y del PSOE se han apresurado a quitar importancia al hecho para no tener que asumir ninguna responsabilidad por la actuación de sus representantes en el ayuntamiento de Gerona y nuevamente se vuelven a equivocar minimizando algo que es cualquier cosa menos poco importante o irrelevante.

Que a la plaza de la constitución se le cambie el nombre, no constituye nada criticable, ¡¡faltaría más!!, pero que se haga para sustituirlo por el de plaza del 1-O en un claro intento de ensalzar una fecha y unos actos claramente delictivos por anticonstitucionales es en mi opinión inaceptable y creo que los jueces y fiscales deberían actuar ante hechos como estos.

Sorprende, por otra parte, la desvirtuada escala de valores y códigos de conducta que guían muchas de nuestras actuaciones.

Si estas personas hubiesen robado UN EURO de las arcas públicas, en el partido se hubiesen apresurado a condenarlos y a suspenderlos de militancia, aunque solo hubiese sido por una cuestión de imagen, pero parece que el hecho de hacer apología de la ilegalidad y de la rebelión y la secesión, es un hecho menos grave que hay que consentir y trivializar.

Yo les pediría a los políticos y dirigentes del PCS y del PSOE que revisasen y corrigiesen la escala de valores que utilizan y no vuelvan a caer una y otra vez en los mismos errores que tan caros nos han costado a todos, que eviten esa conducta contradictoria de sus dirigentes según la localidad y la situación en la que actúan y en la que han venido cayendo los últimos años y si no se trata de un error sino de una estrategia electoral, con mayor razón, a ver cuando terminamos de entender y de aplicar el que, ni en política, ni en ninguna otra cosa, “todo vale”.

Aunque también hay que señalar que esto lo deberían tener en cuenta todos los partidos.

 

 

José Antonio Virto

                                                                                  TERUEL.

Hasta hace poco tiempo, el cava y Cataluña estaban íntimamente unidos para la mayoría de los españoles, pero las ansias independentistas de algunos catalanes han traído también una mayor difusión para las otras 6 comunidades que también producen este producto.

La mayoría de los productores de fuera de Cataluña, por no decir todos, coinciden en que una parte significativa del incremento de sus ventas se debe a este conflicto, sin olvidar el aumento de las exportaciones que cada año se viene produciendo.

El hecho es que en estas otras zonas se vende actualmente toda la producción y han solicitado un aumento de los cupos que tienen concedidos, al que se oponen los productores catalanes y el Consejo Regulador, que es de suponer estará controlado mayoritariamente por personas vinculadas a esa comunidad, dado el porcentaje muy mayoritario de los productores catalanes.

Como dicen popularmente “las mentiras tienen unas patas muy cortas” y eso hace que se les “pille” pronto y así, esas afirmaciones de los productores catalanes en el sentido de que no necesitaban del mercado interior español, porque tenían toda su producción vendida en el exterior, no parece que sea muy cierta y acusan ese rechazo por parte de los ciudadanos con un descenso notable de sus ventas.

Al parecer es la administración central del estado la que tiene que autorizar o no ese mayor cupo que solicitan los productores y si es coherente con esa defensa de la libre competencia que tanto predican, no deberían poner ninguna pega a ello, e incluso para la aceptación de nuevas zonas productoras, debiendo dejar al libre mercado la decisión de cuáles de todos ellos resultan finalmente viables y cuales no.

En un momento de libre competencia, de necesidad de creación de puestos de trabajo y de potenciar cualquier desarrollo económico, no están justificados los proteccionismos por ningún motivo.

El peligro está en que los políticos del gobierno, por “buenismo” o por dejar claro que “no están en contra de Cataluña” cometan el error de no autorizar esa ampliación que no desean los catalanes, como un gesto amigable hacia esta comunidad, en una clara discriminación hacia el resto, ¡Una más! Por mucho que algunos se empeñen en negar la existencia de tratos de favor.

Yo no estoy a favor de boicots a ninguna comunidad, pero tengo muy claro que defender un mayor consumo de los productos de nuestra tierra, no solo beneficia la creación de puestos de trabajo y oportunidades en la comunidad de cada uno, sino que también repercute en que los impuestos que gravan esos beneficios y el IVA que se recauda, ayude también a financiar los servicios públicos y el estado del bienestar en la propia comunidad, sin necesidad de “mendigar” ayudas al estado, y por tanto esa rivalidad económica debería encuadrarse dentro de la libre competencia y no en la discriminación que pretenden denunciar los perjudicados,  pero solo cuando les afecta a ellos, en otros casos no quieren ni mencionarlo.

José Antonio Virto

                                                                                  TERUEL.