Cada vez está quedando más clara la divergencia entre lo que los ciudadanos demandan y lo que los políticos están dispuestos a respaldar.
La crisis catalana ha acentuado, según las encuestas, la inclinación de muchos ciudadanos a limitar las competencias de las autonomías y aumentar las competencias del gobierno central, al menos en muchos aspectos que se han mostrado como «poco convenientes y manipulables».
Es evidente que no se puede cambiar de la noche a la mañana la estructura del estado, pero si se puede iniciar un cambio de tendencia y en lugar de actuar en la línea de incrementar esas competencias y esa autonomías, actuar en la línea contraria.
Pero no es solo en aspectos tan difíciles donde esa discrepancia se pone de manifiesto.
Algunos partidos han propuesto estos días la derogación y eliminación de nuestro ordenamiento jurídico de la figura de la «Prisión permanente revisable», otros no lo han propuesto pero están dispuestos a ponerse de perfil y abstenerse, favoreciendo así esa derogación.
Se argumenta para ello que las penas en nuestro ordenamiento tienen una función de recuperación y reinserción de los delincuentes.
Yo no sé si es que estos políticos no se molestan mucho en leer lo que deberían o que es lo que ocurre realmente, pero esa figura precisamente contempla esa reinserción y únicamente prolonga la condena y la privación de libertad para aquellos que no pueden ser reinsertados sin grave riesgo para los ciudadanos y ello solo en algunos supuestos gravísimos, y no en todos en los que en mi opinión se debería aplicar.
Son noticia estos días la reincidencia de muchos violadores que han obtenido la libertad, normalmente de forma anticipada por la eliminación de la doctrina Parot.
Sería bueno que a la hora de actuar y tomar decisiones nuestros políticos y legisladores se acordasen de todos los ciudadanos, pero en primer lugar de los ciudadanos corrientes y no pongan por delante los derechos de los delincuentes.
