elrincondevirto

            Si tuviese que definir estas jornadas postelectorales con una sola frase, creo que resultaría bastante adecuada una referencia a las “líneas rojas” que todos los partidos y coaliciones manifiestan tener.

Albert Rivera, pese a no definirlo así, parece que tiene como línea roja un hipotético apoyo a la investidura a Mariano Rajoy, y ello pese a reconocer que con los resultados en la mano lo más lógico es que sea el P.P. el que forme gobierno y del riesgo que para el pais supondría un gobierno formado por un gran frente de izquierdas.

Por su parte, Podemos y sus coaligados marcan como “líneas rojas” la necesidad de llevar a cabo un referendum en Cataluña que ponga de manifiesto la posición de esa ciudadanía respecto de la independencia de España. Y la primera pregunta que a cualquiera se le ocurre es ¿solo en Cataluña? y si el resultado es una mayoría partidaria de la independencia ¿se va a posibilitar llevarla a cabo? No son estas las únicas líneas rojas, también han manifestado que su objetivo principal es evitar que Mariano Rajoy y más ampliamente el P.P., puedan gobernar. ¿Es que ven mas factible la consecución de sus objetivos desintegradores con un gobierno del PSOE?

Y que pasa con el PSOE, ¿la única limitación que establecen para formalizar pactos con Podemos es su renuncia al referendum por la independencia en Cataluña? ¿Ese es a su juicio el único riesgo que conllevan los pactos con esta fuerza política? ¿Tan pronto se han olvidado de los verdaderos objetivos que se han propuesto? ¿De cual es su ideología antisistema? ¿De cuales son los modelos Bolivarianos que veían convenientes para nuestro país y otros vecinos del sur de Europa?

¿Se imaginan ustedes que ocurriría si ante la renuncia a la convocatoria del referendum se constituye un gobierno PSOE-Podemos y los independentistas catalanes continuan con su hoja de ruta y su insumisión? ¿ Quién iba a poner en marcha el 155 de la Constitución? ¿Quién iba a detener la desintegración del pais?

El mejor escenario a que puede aspirar un “antisistema” es a formar parte del gobierno. La desintegración está garantizada y promovida desde dentro, mucho más. Y los de Podemos, o al menos sus dirigentes, se han definido como tales en numerosas ocasiones y negar que gran parte de los seguidores lo son también es cerrar los ojos a una evidencia.

Y Europa ¿sería capaz de soportar otro envite como el de Grecia pero de una envergadura mucho mayor? Y si lo es, ¿estará dispuesta a afrontarlo o preferirá evitar los mayores problemas dejándonos fuera?

Teniendo en cuenta que todo esto es del conocimiento de nuestros políticos, no puedo evitar el pensar que detrás de este deseo de pacto lo que existe es una ambición desmedida por llegar a la Moncloa, por parte de Pedro Sánchez y sus allegados, conscientes por otra parte, de que con los resultados cosechados les resultará muy dificil disponer de otra oportunidad.

Y por último, si el P.P. no consigue formar gobierno, ni la gran coalición que muchos ven conveniente, ni forzar otras elecciones, y finalmente la pelota pasa al PSOE, consciente de la gravedad que conlleva el pacto PSOE-Podemos, debería ser capaz de brindar al PSOE la posibilidad de formar un gobierno en minoría sin esas graves hipotecas y tratar de mediar y colaborar en el sostenimiento de nuestro pais.

Que el PSOE acepte esa opción ó no ya es cosa suya.

Cualquier cosa antes que lanzarnos al abismo.

 

José Antonio Virto

                                                                                  TERUEL.

Desde poco antes del verano, a la vista de los poco deseables resultados obtenidos por el partido, en urnas y negociaciones posteriores, D. Mariano Rajoy  «tocó a rebato»  y las tropas del partido, oficiales y jefes sobre todo, salieron a las calles y a los medios de comunicación a tratar de paliar lo que era, según las conclusiones de los responsables, la causa de esos resultados y que era ni más ni menos, que el desconocimiento por parte de los ciudadanos de lo que el gobierno había conseguido en el aspecto económico.

Para ello había que explicar y repetir las veces que hiciese falta los avances que gracias al P.P.  se habían producido y de paso tambien, la situación en la que habían encontrado al país y señalar a los culpables de dicha situación, que ya todos conocemos,  así como lo que ocurriría sin duda si conseguían volver a la Moncloa, con o sin ayuda de Podemos, aunque en este caso la situación podría volverse apocaliptica.

Es posible que todo esto tenga mucha importancia a la hora de fijar ó más bien corregir el rumbo, pero en mi opinión no lo es todo.

Cuando en las pasadas elecciones generales los ciudadanos dieron al P.P. una mayoría absoluta, lo hicieron entre otras cosas, en mi opinión, porque lo consideraban capaz de poner un cierto orden en la economía, es cierto, pero también porque confiaban en que iba a acabar con el desbarajuste económico, social, autonómico y un largo etc. que muchos partidos parecen no cuestionar o al menos combatir con la suficiente energía y desde luego cortar la espiral independentista iniciada en Cataluña y observada con espectación en otras zonas del país.

Desde luego lo que muchos no esperábamos es ese papel de Don Tancredo desempeñado por el gobierno y por su presidente, seguramente en el convencimiento de que mirándo hacia otro lado, los promotores de este desatino se iban a cansar y no iba a ser necesario “ mojarse” adoptando medidas enérgicas, que además de necesarías iban a cumplir con una labor didáctica imprescindible, según lo que finalmente hemos podido comprobar.

Somos muchos los que estamos convencidos de que con determinados asuntos no se puede titubear y hay que atajarlos de forma decidida, inequivoca e inmediata.

Está claro que el que casi un 50% de los catalanes piense de España de esa manera no es responsabilidad de este gobierno. Lo es de todos los gobiernos habidos desde 1978, al haber consentido que en este pais la historia se enseñase de forma sesgada y falsa y se educase a la juventud en el rechazo al estado y a la nación, pero la deriva que se ha producido en estos últimos años necesitaba sin duda de acciones mas decididas.

Aún así, en mi opinión, todavía hay tiempo para enmendar algunas cosas.

En primer lugar, para frenar en seco los desmanes que estamos presenciando aplicando con todo rigor las leyes, no cabe ya otra forma, y poniendo a cada uno donde le corresponda.

En segundo lugar, para que puedan recuperar parte de la confianza de los ciudadanos e invertir una tendencia bajista que no augura nada bueno.

Estoy convencido de que son muchos los ciudadanos que verían con muy buenos ojos una actuación firme y decidida por parte del gobierno y del P.P., sobre todo porque no parece que otros partidos estén muy dispuestos a llevarla a cabo, y seguramente recuperarían esa confianza perdida y no solo en las comunidades «no conflictivas», mucho más en las que si lo son, donde los partidarios de seguir dentro de esta gran nación se sienten huérfanos y desvalidos y esperan a alguien dispuesto a convertirse en una “tabla de salvación” que termine definitivamente con el problema.

 

José Antonio Virto

                                                                                                   Teruel.

En estos días se ha abierto un debate a raíz de las ¨reflexiones en voz alta¨ del Sr. Ministro de Justicia, con respecto a la publicación no autorizada de secretos de sumario en juicios sin duda mediáticos.

La verdad es que el debate se ha visto muy descompensado a favor del derecho a la información, que es la postura que defienden la mayor parte de los profesionales de los medios de comunicación y por supuesto, los que tienen una mayor facilidad y herramientas para difundir su opinión.

Sin embargo, en mi opinión, la reflexión planteada por el Sr. Ministro no es tan improcedente y extemporánea.

Son varias las cuestiones que entiendo deben ser analizadas, empezando por el hecho de que, aunque coloquemos al derecho a la información entre los derechos constitucionales, ello no significa que no pueda ser objeto de regulación y que no se puedan establecer límites con la debida justificación y mesura.

Creo que nadie cuestiona esto cuando se trata de la seguridad nacional, la seguridad de los ciudadanos y otros supuestos, excasos, pero relevantes.

Por tanto y en mi opinión lo que habría que analizar es, en primer lugar, la necesidad o no de la declaración del secreto sumarial y su constitucionalidad, o más bien, si este supuesto y las razones que lo motivan se pueden incluir entre las excepciones y necesidad de regulación del derecho a la información. No me cabe ninguna duda de que persigue, no solo unas garantías del investigado, sino una protección de los ciudadanos en la medida de que la divulgación antes de hora de determinados hechos,  puede conllevar la destrucción de pruebas, la fuga de otros implicados, etc.

En segundo lugar, la defensa que oigo a los profesionales de ese derecho a la información, que parecen referir a su labor, creo que debería denominarse mas bien como derecho a informar, ya que el derecho a la información a mi me parece más un derecho del ciudadano a recibirla.

Por otra parte, en algunos casos, ese derecho que reclaman algunos profesionales habría que denominarlo, mas bien y en mi opinión, como ¨derecho a vivir de la información¨ pues tiene más de búsqueda de protagonismo y de notoriedad que de verdadero interés por informar.

Por último, si se estima que es adecuada la declaración del secreto del sumario, esa decisión judicial debe vincular a todos, puesto que en ningún caso persigue ocultar información, sino mantener en reserva la misma durante un plazo de tiempo limitado, miestras se completa la investigación.

El hecho de que ese secreto sea vulnerado y la información del mismo ¨robada¨y por tanto obtenida de forma ilícita, merecería una sanción y su publicación por parte de cualquier medio contituiría igualmente un delito, y en consecuencia debería ser igualmente perseguido y sancionado.

No puedo evitar el ver estos hechos de forma muy parecida a la actuación del ¨ladrón¨  y del ¨perista¨ que le compra lo robado y obtiene un beneficio  con ello.

 

José Antonio Virto

                                                                                                  TERUEL.

Estamos asistiendo nuevamente a intentos de acabar con la enseñanza concertada por parte de algunos gobiernos autonómicos y conseguir de esta forma el que todos aquellos ciudadanos que no dispongan de los medios económicos suficientes, se vean obligados a llevar a sus hijos a los centros de enseñanza públicos, aunque no les guste la enseñanza que allí se imparte ó simplemente no sea su preferencia educativa.

Sin entrar ahora en que eso constituye finalmente un ataque a la libertad de elección de centros por parte de los padres, tal y como viene consagrado en la Constitución, no conviene que olvidemos que detrás de todo ello existe una intención de controlar la enseñanza y sus contenidos y que los resultados de esos “adoctrinamientos” que persiguen algunos partidos los hemos visto recientemente con la educación que se ha impartido en algunas Comunidades Autónomas, muy en consonancia con la ideología política de sus gobernantes, con contenidos tendenciosos y muy alejados de la verdad, y con intenciones claramente anticonstitucionales.

Pero no se limita a este ámbito de las autonomías ese intento de control de la enseñanza y así se encargan de proclamarlo algunos líderes de los partidos que concurren a las elecciones del 26-J, aunque de momento suavicen y maticen sus declaraciones, para no espantar a algunos electores.

Sería bueno que se informara al ciudadano, al margen de ideologías, sobre la realidad de la enseñanza concertada, su labor social, que es elegida por sus usuarios y no impuesta y el enorme ahorro que para el estado supone su existencia.

El coste por alumno en esta enseñanza es, según algunas informaciones, entre un 40 y un 50% más barato que en la enseñanza pública, al margen de la inversión en construcción de centros, y no es ni mucho menos porque sea de inferior calidad, aunque no es mi intención entrar ahora en este aspecto.

El intento de hacerla desaparecer conlleva la necesidad de aumentar las plazas de la enseñanza pública en igual medida que las que se destruyan en dicha enseñanza concertada.

Supone pues un gasto adicional en centros de enseñanza, en plantillas de profesorado y otros aspectos, que además de resultar innecesarios por estar ya cubiertos, no creo que constituya la manera de reducir el déficit en los presupuestos de las administraciones.

Supone también el destinar recursos a una necesidad ya cubierta, cuando no está resuelto que hacer para garantizar el pago de las pensiones, la sanidad, la ayuda a la dependencia  y un largo etc. que es urgente y necesario solucionar.

Queda pues de manifiesto cuales son los objetivos prioritarios para algunos, que no es esa lucha por mantener el estado del bienestar y la atención a los más necesitados como no cesan de repetir, sino el intento de conseguir por cualquier medio el adoctrinamiento de los ciudadanos, si es posible con contenidos como mínimo partidistas y en cualquier caso sin respetar la pluralidad de ideologías y pensamientos.

La educación es una de las materias transferidas a la competencia de las comunidades Autónomas y no parece que eso pueda tener una marcha atrás, al menos de momento, pero si sería conveniente, sea cual sea el resultado de las próximas elecciones, una mayor vigilancia por parte del estado del ejercicio que hacen de esa competencia y un acuerdo, sino unánime al menos mayoritario, sobre el respeto a la verdad en los contenidos y a la posibilidad de elección del modelo, en iguales o similares condiciones, por parte de los ciudadanos y a evitar “adoctrinamientos” en cualquier sentido, financiados con dinero público.

 

José Antonio Virto

                                                                                              TERUEL.